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Editoriales
15 marzo, 2018 - 10:26 AM

La lucha por los derechos de la mujer para votar y ser votada en México ha sido larga. En 1964 estas aspiraciones se reflejaron con la llegada al Senado de la República, de las dos primeras mujeres: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. 54 años después, la representación femenina en el Congreso aumentó: 36.7% en la Cámara Alta y 42.6% en la Cámara de Diputados.

En 2015, la Unión Interparlamentaria (UIP) ubicó a México como el país con la mayor tasa de mujeres legisladoras, entre los 58 parlamentos conformados en ese año. Gracias en buena medida a la reforma política de 2014, con la cual se garantizó el principio de paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas de los partidos políticos.

 

Junto con nuestro país, Argentina y Chile experimentaron en 2017 un avance significativo al incorporar más mujeres en el Congreso, situando así a América Latina con el más alto porcentaje de mujeres parlamentarias, al alcanzar 28.4 por ciento. En estos esfuerzos por la paridad debemos reconocer a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que se convirtió en el segundo parlamento del mundo con más mujeres: 53.2% y ello sin contar leyes de acción afirmativa o cuotas.

 

Sin embargo, el avance en la representación parlamentaria en el mundo es insuficiente, ya que entre 2016 y 2017 sólo aumentó 0.1 % la presencia de mujeres en los parlamentos, como lo destaca el informe de la UIP: Mujeres en el Parlamento en 2017. De continuar con este ritmo, alcanzaremos la paridad dentro de ¡250 años!, lo cual resulta inaceptable.

 

Por ello, es necesario instrumentar acciones efectivas para avanzar en la inclusión de la mujer, tal como lo hemos hecho en México, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá, promoviendo la paridad en los marcos legislativos y adoptando de manera simultánea diversas disposiciones, como el establecimiento de cuotas con las que se garantiza entre el 40 y 50 por ciento de la participación política femenina.

 

En 2017, los países que impusieron estos mecanismos en sus procesos políticos obtuvieron el doble de representantes femeninos que los que no: 30% en 20 países con cuotas y 15.4% en 16 países sin cuotas.

 

Pero el tema de la igualdad de género no sólo implica una mayor inclusión en los parlamentos, también considera el combate a la violencia género en la esfera política, ya que 81.8% de las parlamentarias que fueron encuestadas en 39 países reconocieron ser víctimas de violencia psicológica, de acuerdo con el reporte Sexismo, acoso y violencia contra mujeres parlamentarias 2016 realizado por la UIP.

 

El documento señala que 61.5% de quienes sufrieron comportamientos sexistas o violentos creen que dichos actos tuvieron como objetivo principal disuadirlas de seguir participando en la política. No debe soslayarse este hecho, ya que la violencia contra las mujeres parlamentarias les impide “hacer su trabajo de manera libre y segura y tiene un efecto disuasivo”, concluye el estudio mencionado. Por lo que  se requiere contar con leyes fuertes y estrictas sobre la igualdad de género y la violencia contra la mujer, además de crear mecanismos que permitan la presentación ágil de denuncias ante hechos de discriminación y violencia basada en el género.

 

No olvidemos que las mujeres representamos la mitad de la población del mundo, nuestra participación en política y nuestros liderazgos desde puestos de gobierno y parlamentos, así como en otras organizaciones protagonistas del acontecer global, son una realidad. Desde esas posiciones, aseguremos que quienes vienen detrás de nosotras no encuentren las mismas barreras contra las que hemos luchando. Sigamos impulsando el empoderamiento de las mujeres en el mundo y consolidemos nuestra participación e influencia en la vida social, política y económica en nuestros países.

 

@GabyCuevas

 

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